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El Parlament ha aprobado la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda con el objetivo de regular los precios de los nuevos contratos en las áreas donde hay riesgo de abastecimiento suficiente de vivienda de alquiler asequible.
Según dicta esta ley, el precio del contrato de arrendamiento no podrá aumentar respecto al contrato anterior – si fue firmado en los últimos cinco años – y no podrá superar el índice de referencia de los precios de la Generalitat.
¿Afecta a Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú?
La ley se aplica a todas aquellas viviendas destinadas a residencias permanentes ubicados en municipios de “mercado tensos”. Así es como se conoce a las zonas donde la carga para el pago del alquiler supera el 30% de la media de los ingresos familiares.
De manera transitoria, se han incluido en este listado un total de 60 poblaciones catalanas con más de 20.000 habitantes, entre las que se encuentran Vilafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú.
¿Existen excepciones?
Están excluidos de la aplicación de esta ley los siguientes tipos arrendamientos en viviendas:
- Arrendadas antes del día 1 de enero de 1995.
- Sujetas a un Régimen de Protección Oficial (VPO).
- Integradas en redes públicas de inserción o de mediación para el alquiler social o en el Fondo de vivienda social.
- Arrendadas como alquiler social obligatorio.
¿Cómo afectará a las viviendas reformadas o de nueva construcción?
La ley es diferente en el caso de las viviendas de nueva edificación o de las viviendas resultantes de un proceso de gran rehabilitación. En este caso, la aplicación del régimen de contención de rentas entrará en vigor en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley .
¿Qué penalización tiene el incumplimiento de la ley?
Según ha informado la Generalitat, las infracciones pueden ser leves y graves, con multas de entre 3.000 y 90.000 euros. Por ejemplo, el arrendamiento por encima del precio del Índice, falsear el precio de referencia o no adjuntarlo en el contrato implica sanciones leves.